La presión fiscal sobre los autónomos y pequeñas empresas vuelve a intensificarse. Según el último balance de la Agencia Tributaria, Hacienda realizó en 2024 casi dos millones de actuaciones de control, de las cuales más de 700.000 fueron requerimientos directos a autónomos y pymes para comprobar si han declarado correctamente IVA, IRPF o Sociedades. El …
La presión fiscal sobre los autónomos y pequeñas empresas vuelve a intensificarse. Según el último balance de la Agencia Tributaria, Hacienda realizó en 2024 casi dos millones de actuaciones de control, de las cuales más de 700.000 fueron requerimientos directos a autónomos y pymes para comprobar si han declarado correctamente IVA, IRPF o Sociedades. El volumen de cartas certificadas enviadas ha crecido un 9,2% en solo un año, marcando un nuevo récord en vigilancia tributaria.
Detrás de estas cifras se esconde una tendencia clara: el aumento de controles automatizados basados en cruces de datos que detectan desde deducciones mal aplicadas hasta ingresos que figuran en las bases de la AEAT pero no en las declaraciones. El resultado es un clima de alarma permanente para los negocios más pequeños, que ya lidian con cuotas elevadas, trámites complejos y normativas cambiantes.
A esto se suman las 31.552 visitas presenciales realizadas por inspectores en 2024, un 6,5% más que el año anterior. Aunque este tipo de actuaciones se reserva en teoría para casos “más flagrantes”, cada vez afectan a más sectores y negocios tradicionales, que deben justificar in situ sus operaciones y contabilidad.
El impacto para el autónomo es evidente: más horas perdidas en trámites, más miedo a cometer errores involuntarios y más riesgo de sanciones. Una simple carta puede paralizar una semana de trabajo, obligando a recopilar documentación, justificar gastos o rectificar declaraciones. Para muchos, la sensación es la misma: “estamos controlados, pero no acompañados”.
Mientras el Gobierno presume de incremento en la eficacia recaudatoria, la realidad del tejido productivo es otra. España continúa siendo uno de los países con mayor carga administrativa para trabajadores por cuenta propia, y este aumento de requerimientos añade aún más presión a un colectivo esencial para la economía.
En este contexto, Unión Autónoma alerta de que el modelo actual se basa en la desconfianza y el castigo, no en la prevención ni en la formación fiscal. El debate ya no es si Hacienda debe controlar —es inevitable—, sino cómo lo hace y hasta qué punto el sistema está poniendo contra las cuerdas a quienes sostienen el empleo y la actividad local.
La cifra de 700.000 cartas no es un dato aislado: es el síntoma de un problema estructural. Un país que vigila a sus autónomos más de lo que los ayuda es un país que dificulta su propio crecimiento económico.
Unión Autónoma seguirá informando y organizando al colectivo para exigir un trato justo, simplificación real y una relación con la Administración basada en la transparencia, no en el miedo.
