La Agencia Tributaria mantiene retenidas cerca de 900.000 devoluciones del IRPF y las somete a investigaciones “exhaustivas”, pese a que la mayoría corresponden a autónomos y contribuyentes sin incidencias previas. El Gobierno insiste en que el proceso avanza con “absoluta normalidad”, pero la realidad es que miles de profesionales siguen sin cobrar lo que adelantaron …
La Agencia Tributaria mantiene retenidas cerca de 900.000 devoluciones del IRPF y las somete a investigaciones “exhaustivas”, pese a que la mayoría corresponden a autónomos y contribuyentes sin incidencias previas. El Gobierno insiste en que el proceso avanza con “absoluta normalidad”, pero la realidad es que miles de profesionales siguen sin cobrar lo que adelantaron hace meses, afrontan el cierre fiscal en plena incertidumbre y se enfrentan a requerimientos crecientes que disparan la sensación de persecución tributaria.
Hacienda investiga 900.000 devoluciones mientras miles de autónomos siguen sin cobrar
Casi un millón de devoluciones se mantienen bloqueadas por comprobaciones, afectando especialmente a autónomos que adelantaron impuestos meses atrás.
La Agencia Tributaria ha confirmado que mantiene abiertas investigaciones sobre 900.000 declaraciones de la Renta que solicitaron devolución. La cifra, de por sí elevada, adquiere una dimensión crítica cuando se analiza el perfil de los afectados: autónomos, pequeños negocios y contribuyentes sin estructuras fiscales complejas que ya afrontan una presión administrativa y económica creciente.
Según Hacienda, se trata de “comprobaciones habituales”, pero el volumen, el retraso acumulado y el número de profesionales perjudicados distan mucho de la normalidad que defiende el Gobierno. Para muchos autónomos, este bloqueo supone un golpe directo a su liquidez en un momento del año en que deben asumir pagos a cuenta, cuotas mensuales y gastos de cierre de ejercicio.
Mientras Montero y el Ejecutivo celebran un “récord de devoluciones abonadas”, el dato silencioso es que casi un millón siguen pendientes, creando un cuello de botella sin precedentes en la gestión tributaria reciente.
¿Qué está revisando Hacienda exactamente?
Hacienda verifica ingresos, gastos y deducciones, centrando el foco en autónomos y declaraciones con variaciones respecto a ejercicios anteriores.
Fuentes de la Agencia Tributaria explican que las devoluciones en revisión se concentran en tres ámbitos:
Deducciones elevadas o diferentes a las del ejercicio anterior.
Ingresos declarados por actividades económicas, especialmente cuando varían respecto a los datos fiscales automatizados.
Gastos deducidos por autónomos, incluso aquellos regulados y habituales (vehículos, suministros, dietas, mantenimiento, amortizaciones).
La revisión “masiva” de gastos deducibles ha generado inquietud entre asesores y profesionales, que denuncian un aumento de requerimientos “de perfil sancionador”, incluso en casos donde los justificantes son legales y habituales.
Impacto directo para los autónomos: incertidumbre, retrasos y riesgo de sanciones
El bloqueo retrasa la entrada de liquidez, dificulta la planificación fiscal y expone a los autónomos a posibles recargos.
Para el autónomo medio, una devolución retenida puede suponer:
Pérdida inmediata de liquidez, justo antes del cierre fiscal.
Imposibilidad de planificar inversiones o amortizaciones previstas para final de año.
Riesgo de recibir paralelas, incluso cuando la documentación está en regla.
Mayor inseguridad jurídica, ya que los criterios de revisión cambian sin previo aviso.
Además, el retraso afecta especialmente a quienes adelantaron pagos en exceso por miedo a errores. Paradójicamente, el sistema penaliza a los contribuyentes más prudentes, que acaban bajo sospecha a pesar de haber cumplido escrupulosamente con sus obligaciones.
Un procedimiento opaco que aumenta la sensación de acoso fiscal
La falta de transparencia en los criterios y plazos alimenta la percepción de persecución tributaria.
Los plazos de comprobación pueden extenderse hasta seis meses —o incluso más si Hacienda abre un procedimiento formal— y la Administración no está obligada a detallar los motivos concretos del retraso más allá de un mensaje genérico en el portal: “Su declaración está siendo comprobada”.
Organizaciones de autónomos denuncian que:
No se facilita información clara sobre qué se revisa.
Los criterios no están unificados entre oficinas.
Hay devoluciones retenidas desde junio sin comunicación adicional.
La Administración exige documentación que ya obra en su poder.
El resultado es un modelo de comprobación que genera más estrés administrativo que seguridad jurídica.
Un retraso que contrasta con otros países europeos
España mantiene plazos más largos y más requerimientos que economías comparables.
En países como Portugal o Alemania, la devolución se abona en un plazo medio de 20 a 40 días. En España, incluso con datos fiscales correctos, el proceso puede prolongarse entre 2 y 6 meses sin explicación detallada.
Los expertos coinciden: no es un problema tecnológico, sino de gestión y de enfoque fiscal. Mientras otros países facilitan la devolución para sostener liquidez en pymes, en España el proceso se endurece año tras año.
¿Qué puede hacer un autónomo si su devolución está retenida?
Revisar el estado en la Sede Electrónica.
Esperar comunicación de Hacienda (no se recomienda enviar documentación proactivamente).
Guardar justificantes por un mínimo de 4 años.
Consultar con asesoría para anticipar una posible paralela.
Solicitar un certificado si la demora afecta a la tesorería bancaria.
¿Qué norma rige las comprobaciones?
Ley General Tributaria (LGT).
Plazo de 6 meses para devolver si no hay requerimiento.
Si se abre comprobación limitada, el plazo se amplía y la devolución queda congelada.
Conclusión: un síntoma más de la carga fiscal que soportan los autónomos
El bloqueo de casi un millón de devoluciones es un recordatorio de la fragilidad con la que trabajan los autónomos en España. Pese a ser el colectivo que sostiene parte esencial de la economía, se enfrentan a un sistema tributario que desconfía de ellos por defecto, retrasa pagos esenciales y exige una burocracia cada vez mayor.
Si el Gobierno quiere recuperar credibilidad y aliviar la presión sobre el tejido productivo, debe unificar criterios, reducir la discrecionalidad en las comprobaciones y garantizar plazos reales de devolución. Lo contrario perpetúa una sensación de desamparo fiscal que autónomos y pymes conocen demasiado bien.
